Hace unos días, se conoció una encuesta de la consultora Nueva Comunicación/Weber Shandwick según la cual, para los pilarenses el principal problema de su ciudad es la inseguridad (42,9%), seguido muy de lejos por los problemas de asfalto (12,5%), calles rotas (9,5%) y cloacas-agua potable (6,5%), entre otros. Frente a esta percepción, que indudablemente tiene su correlato en la realidad, ¿como nos paramos quienes tenemos o pretendemos tener responsabilidad dirigencial?
Hay un discurso para el aplauso fácil, generalmente de los sectores cercanos a la derecha tradicional. El discurso de la mano dura, del endurecimiento de las penas como mágica solución, aquel discurso que llevó al ex gobernador justicialista Carlos Ruckauf a designar a Aldo Rico como Ministro de Seguridad de nuestra provincia con resultados desastrosos. También recordamos al falso Ingeniero Blumberg sentado frente a los diputados de la nación, con sus carpetas llenas de papeles, “enseñándoles” a nuestros representantes el camino para endurecer penas del Código Penal. Quienes transitamos los pasillos tribunalicios, sabemos que se reformó el código penal, haciendo un “zafarrancho” inentendible del mismo, y el nivel de inseguridad no disminuyó por ello. Muchos sectores políticos usaron el “blumbergismo” –si se permite el neologismo-, apoyando estas medidas para demostrar a la sociedad su preocupación por la “inseguridad”. Actuación “pour la galerie” con reformas que no sirvieron absolutamente para nada.
Ojalá fuera todo tan simple, pero no lo es. Hay que ponerse a trabajar.
Quienes queremos una solución “progresista”, integral, y seria de este problema, sabemos que la estrategia del endurecimiento de penas y del reforzamiento del brazo punitivo del Estado por si misma, no basta. Y eso está empíricamente comprobado. También sabemos, que el eje sustancial para combatir el delito y brindar seguridad, pasa por el mejoramiento de las condiciones sociales, y en el logro de una sociedad mucho más “integrada”, con mayor desarrollo, trabajo, y en definitiva una mayor igualdad entre sus ciudadanos. Una sociedad verdaderamente “democrática” debe reducir la brecha entre los más ricos y los más pobres. Es una deuda pendiente de nuestros gobernantes y el principal desafío para el próximo gobierno nacional que se elegirá en el 2011.
Ese sería el principio de una solución de fondo, pero ¿mientras tanto qué hacemos? ¿Seguimos presenciando azorados y de manos cruzadas los hechos de violencia e inseguridad que diariamente ocurren? Por supuesto que no.
Pensamos que quienes delinquen deben ser juzgados y condenados con todas las garantías procesales, y efectivamente cumplir sus penas. Para ello, tanto como la presencia policial y el buen equipamiento de las fuerzas de seguridad, es imprescindible el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios, con sectores políticos y sectores económicos concentrados. Es vital también el reforzamiento de la vía preventiva que es, fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes.
Probablemente, la mayor responsabilidad por la inseguridad, recaiga en las autoridades nacionales y provinciales, quienes deberán dar las soluciones de fondo relativas a la política económica y social, y a las reformas legales pertinentes para el sistema judicial, policial, y penitenciario, y el tratamiento de la necesaria Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Pero desde lo local, se puede ayudar y mucho, y poco se está haciendo.
Brindar seguridad es mejorar el sistema de iluminación y que llegue a todos los barrios, es ampliar la colocación de “cámaras de seguridad” para ayudar a prevenir el delito y al accionar policial, y es controlar desde el municipio que las líneas de colectivos cumplan reglamentariamente la frecuencias de sus móviles para evitar largas e incómodas esperas de los pasajeros. Debemos generar en los barrios mecanismos de mayor control social, participación, e interacción con la policía local. Nadie conoce mejor las necesidades de su barrio que los propios vecinos.
Debemos desde aquí, luchar por la creación de juzgados vecinales y de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas.
El Municipio debería promover como nunca medidas preventivas como un primer paso para combatir el delito, que tiendan a una mayor integración de la comunidad, a través de sistemas de atención a sectores vulnerables y a la jerarquización de programas e instituciones barriales deportivas y culturales que contribuyan a la formación y contención de la juventud. Aquí hay un claro déficit.
La injusta desigualdad social, también en este tema se hace evidente. Conviven en Pilar countries y barrios cerrados con seguridad privada, junto con barrios vulnerables privados de seguridad.
El Honorable Concejo Deliberante ha formulado dos pedidos de informes a la policía local acerca de los delitos denunciados y su esclarecimiento. Estadísticas. Puede ser el comienzo de algo, pero es necesario profundizar con el tratamiento de medidas concretas como las aquí señaladas u otras que surjan del debate, para que no quede simplemente en una cosmética puesta de escena. Una solicitud hecha “Con la intención de demostrar que, al igual que para buena parte de la sociedad, la inseguridad está al tope de su agenda” editorializó un diario local. Nosotros decimos: es hora de pasar de las meras “intenciones” a los hechos.
Gustavo A. Madeira
Secretario Legal y Técnico
PS PILAR
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